De la Compañía holandesa a la Compañía británica de las Indias: genealogía económica de la impostura parlamentaria, y comparación con el DERECHO continental

Preliminar: lo que el presente estudio añade al anterior

La separación de poderes: genealogía de una impostura estableció tres cosas: que el régimen llamado «de separación de poderes» es, en Francia, una importación británica; que la filosofía del derecho que lo hizo pensable —nominalismo, utilitarismo, positivismo— vino de Inglaterra, de Alemania y de Viena; y que el resultado, injertado en el aparato centralizador francés, entregó el instrumento más concentrado de Europa a intereses particulares cuyas pretensiones debía originariamente mantener a raya. Dos instituciones fueron allí señaladas como las piezas maestras del dispositivo importado: el Parlamento, órgano de los propietarios, y el banco central, apropiación privada de una prerrogativa regia.

El presente estudio retoma la demostración allí donde se detiene, y busca su raíz económica. Pues queda una cuestión que el anterior no dirimió: ¿de dónde proceden, el uno y el otro, el Parlamento de los propietarios y el banco privado con monopolio? La respuesta cabe en una invención jurídica única, matricial, de la que ambos no son más que dos aplicaciones: la société anonyme —el anonimato de los capitales—. Estableceremos que esta invención nació de las necesidades de las grandes compañías transatlánticas con monopolio; que migró de Ámsterdam a Londres en el momento preciso en que Cromwell hospedó allí a la finanza apátrida de las Provincias Unidas; y que el parlamentarismo no es otra cosa que la transposición política de la misma técnica: un dispositivo de anonimización que disimula al decisor real detrás de un títere visible.

Se establecerán tres proposiciones. Primera proposición. La société anonyme no es una forma comercial entre otras: es la mutación jurídica decisiva del capitalismo moderno, la que separa al amo visible del propietario invisible. Segunda proposición. Esta técnica fue forjada por la Compañía holandesa de las Indias (1602), transferida a Londres bajo Cromwell y luego consumada por la «Revolución gloriosa» de 1688, llevada a su perfección por la Compañía británica de las Indias y la City —y retomada, en el siglo XX, por la Unión Europea, cártel de productores unido más allá de las naciones—. Tercera proposición, y es la menos advertida. El parlamentarismo es la forma constitucional del anonimato de los capitales: produce decisores aparentes —los hombres de partido— para encubrir a decisores reales que ningún voto nombra y a los que ninguna responsabilidad alcanza. Lo que se llama «derecho» anglosajón no es, por tanto, más que el sedimento de las necesidades sucesivas de la Compañía —lo exactamente contrario de un DERECHO—.

PRIMERA PARTE — LA INVENCIÓN MATRICIAL: LA SOCIÉTÉ ANONYME

I. 1602: la primera sociedad «sin nombre»

La Vereenigde Oost-Indische Compagnie —la Compañía holandesa de las Indias Orientales, o VOC— se constituye en Ámsterdam en 1602. Los historiadores de la economía coinciden sobre su estatuto: primera sociedad por acciones de responsabilidad limitada de la historia, dotada de acciones libremente cesibles, negociables en un mercado secundario —la Bolsa de Ámsterdam, creada el mismo año para recibirlas—.

El nombre que la lengua neerlandesa dio a esta forma lo dice todo, y conviene detenerse en él. Se la llama naamloze vennootschap: literalmente, sociedad sin nombre, sociedad anónima. El francés retuvo la misma palabra —la société anonyme del Código de comercio de 1807—. El anonimato no es, pues, un accidente de la cosa ni un abuso cometido por sus adversarios: está inscrito en su denominación de origen. Lo que la forma disimula, lo proclama en su nombre. El propietario no figura en ella; solo figura el título.

II. La doble propiedad del capital anónimo: invisibilidad y apatridia

Hay que describir con exactitud lo que esta forma confiere, pues ahí está el núcleo del sistema. La société anonyme dota al capital de dos atributos que ninguna fortuna nominativa había reunido jamás, y que lo tornan, ambos, inasible para el soberano.

El primer atributo es la invisibilidad. Entre el poder de decisión y la persona que lo ejerce, la société anonyme interpone una pantalla: la acción. El dirigente que aparece —el gobernador de la Compañía, el administrador, el director— no es el amo; es el mandatario revocable de accionistas a quienes nada obliga a nombrarse. El amo real se mantiene detrás del título, y el título no habla. Por primera vez, la potencia económica puede ejercerse sin que aquel que la posee sea conocido, ni por tanto responsabilizado.

El segundo atributo es la apatridia. La acción es móvil: pasa de mano en mano, franquea las fronteras, se aloja donde quiere. El capital así formado ya no tiene suelo. No pertenece a ningún territorio, no debe fidelidad a ninguna corona, no depende de ninguna ley que no pueda abandonar cambiando de lugar. Es un capital apátrida en sentido propio: sin patria, porque sin cuerpo y sin nombre. Las Provincias Unidas mismas no eran un reino sino una república mercantil, donde la Compañía era casi soberana —ejército, moneda, tratados, guerra—. La finanza que allí se había formado no tenía príncipe: era su propio príncipe.

Se reconoce aquí, transpuesta al orden económico, la mutación que el estudio anterior describía en el orden filosófico. La acción anónima es el derecho subjetivo en estado puro: una potencia del sujeto desligada de toda cosa justa, de todo orden objetivo, de todo fin exterior a sí misma. Allí donde el DERECHO continental ata la propiedad a una persona nombrada y a una responsabilidad, la société anonyme disuelve la persona en el título y la responsabilidad en la limitación. El nominalismo jurídico y el anonimato de los capitales son dos vertientes de un mismo rechazo: el de nombrar lo real y responder de ello.

III. Una forma dictada por las «necesidades» de la Compañía

Esta forma no nació de un principio; nació de una necesidad. La gran compañía transatlántica con monopolio tenía cuatro necesidades, y la société anonyme responde a ellas una a una, término a término.

Necesitaba reunir capitales de masa que ninguna fortuna privada podía aportar por sí sola: la acción divisible y cesible los agrega. Necesitaba durar más allá de las vidas y de las expediciones: el capital permanente le confiere la perpetuidad. Necesitaba diluir el riesgo de empresas en las que se podía perderlo todo —naufragio, piratería, guerra—: la responsabilidad limitada pone a salvo el patrimonio del accionista. Necesitaba, en fin, sustraer a los amos de la mirada —de los acreedores, de los rivales, del príncipe—: el anonimato los borra.

Retengamos el método, pues es la clave de todo lo que sigue. El derecho no precede allí a la necesidad; la sigue. La forma jurídica se moldea a medida, como una herramienta sobre la pieza a mecanizar. Este modo de producción del derecho —la necesidad primero, la regla después— es lo exactamente opuesto al DERECHO continental, donde la regla se deduce de un principio anterior a las necesidades y se impone a ellas. Veremos (quinta parte) que esta oposición de método rige todo lo demás.

SEGUNDA PARTE — LA TRANSLACIÓN: DE ÁMSTERDAM A LONDRES

IV. El nacimiento de la plaza de Ámsterdam: el encuentro de dos finanzas desplazadas

Antes de pasar a Londres, la técnica hubo de nacer en alguna parte. Nació en Ámsterdam, en el cambio del siglo XVII, y nació de un encuentro. La joven república mercantil de las Provincias Unidas reunió, sobre la fachada atlántica, dos tradiciones financieras que la historia acababa de desarraigar —y es de su confluencia de donde salió la primera société anonyme—.

La primera corriente venía de la península ibérica. El decreto de expulsión de 1492 había expulsado de España a los banqueros judíos que tenían gran parte de la finanza y del comercio peninsulares. Un siglo de exilio —por Portugal, luego por Amberes— condujo a muchos hacia las Provincias Unidas, república en rebelión contra la corona de España, donde ningún príncipe los perseguía y donde el comercio era libre. Aportaron allí una técnica, unas redes y un capital: una finanza ya desarraigada, ya acostumbrada a no poseer nada que no pudiera transportarse.

La segunda corriente venía de Italia. Los banqueros de Génova, de Venecia y de Florencia habían tenido, durante tres siglos, el monopolio del comercio mediterráneo y de la finanza de la Cristiandad. Pero el suelo se les hurtaba bajo los pies: a medida que el gran comercio pasaba del Mediterráneo al Atlántico —tras la apertura de las rutas nuevas, y no por azar Colón era genovés—, la primacía de las ciudades italianas se resquebrajaba. La propia finanza genovesa se inclinó hacia la península ibérica y el mundo atlántico, en la banca, el azúcar y la trata. Los amos del antiguo mar perdían su monopolio en beneficio del nuevo océano.

Estas dos finanzas desplazadas —la una expulsada por un edicto, la otra por el desplazamiento del comercio— se encuentran allí donde el porvenir se dirige: sobre la fachada atlántica de las Provincias Unidas, en una república sin rey, liberada de todo príncipe. Y es allí donde inventan los instrumentos que la continuación describe: la société anonyme (1602) y la Bolsa que recibe sus acciones. Hay que medir su alcance. El anonimato de los capitales no fue inventado por una finanza establecida y arraigada: fue inventado por una finanza que ya había perdido su suelo —dos veces— y que hizo de su desarraigo una forma. La société anonyme es la cristalización jurídica de la apatridia: de un capital que aprendió a no deber nada a ninguna tierra, porque dos veces fue expulsado de ella.

V. Cromwell y la acogida de la finanza de las Provincias Unidas

La técnica era holandesa. Se hizo inglesa. El momento de esa transferencia puede fecharse, y lleva un nombre: Cromwell.

La rivalidad con las Provincias Unidas es de entrada frontal: el Acta de navegación de octubre de 1651 apunta directamente al comercio holandés, y la primera guerra anglo-neerlandesa sigue de inmediato. Pero Cromwell comprende que no se vence a Ámsterdam combatiéndola solamente: se la vence atrayéndola. En diciembre de 1655 convoca la conferencia de Whitehall para pronunciarse sobre el retorno a Londres de los mercaderes de Ámsterdam —es decir, de hecho, de esa plaza financiera desplazada descrita más arriba, la más hábil de Europa en las técnicas de la acción, de la letra de cambio y del mercado—. La conferencia no desemboca en ningún texto: Cromwell la interrumpe antes de que se forme un dictamen desfavorable. Pero la readmisión se hace de facto en 1656; una primera sinagoga abre en Londres en 1657. Ningún acto solemne: una puerta abierta, sin ley, para una finanza sin patria.

No hace falta aquí ninguna hipótesis sobre las personas, y la honestidad manda atenerse a la estructura. Lo que pasa entonces de Ámsterdam a Londres no es en primer lugar un grupo: es un saber hacer y un capital móvil —precisamente la finanza apátrida descrita más arriba, la que no tiene corona porque está hecha de títulos anónimos y cesibles—. Cromwell veía en la instalación en Londres de los ricos mercaderes de Ámsterdam el medio de reforzar la potencia comercial inglesa frente a las Provincias Unidas. No hizo venir hombres: hizo venir un modelo. Y ese modelo es el de la VOC.

VI. 1688: la «Revolución gloriosa» como revolución financiera

La transferencia se consuma una generación más tarde. En 1688, Guillermo de Orange —estatúder de las Provincias Unidas— toma el trono de Inglaterra. No aporta solamente una dinastía: aporta el instrumental financiero holandés entero. Los historiadores designan el período con un nombre que se ha vuelto clásico, la Financial Revolution —la revolución financiera inglesa—, cuya descripción de referencia fue dada por P. G. M. Dickson. Tres técnicas holandesas se aclimatan allí en pocos años: las acciones transferibles negociadas en un mercado secundario; las rentas perpetuas sobre el Estado; y la letra de cambio como instrumento negociable.

Las fechas se encadenan con una nitidez que dispensa de comentario. 1693: primeros empréstitos públicos a largo plazo. 1694: fundación del Banco de Inglaterra —esa sociedad privada por acciones cuyo mecanismo describió el estudio anterior, y que no es otra cosa que una naamloze vennootschap aplicada a la deuda del reino—. La creación monetaria, prerrogativa regia, pasa así bajo la pantalla del anonimato de los capitales: el banco central es la société anonyme hecha soberana monetaria. Ámsterdam suministró el método; Londres se convierte en su sede. La City recibe lo que la Bolsa de Ámsterdam había inventado, y lo lleva a un grado de potencia que las Provincias Unidas no habían alcanzado.

El desplazamiento que resume la fórmula —de la VOC (Ámsterdam) a la BEIC (City de Londres)— no es, pues, una imagen: es un hecho fechado. La sede del anonimato de los capitales se transporta, entre 1655 y 1694, de las Provincias Unidas al Reino de Inglaterra, y ya no la abandonará.

TERCERA PARTE — LAS NECESIDADES DE LA COMPAÑÍA Y LA FABRICACIÓN DE UN «DERECHO» A MEDIDA

VII. La Compañía británica de las Indias, organismo modelo

La Compañía británica de las Indias Orientales —la BEIC— recibe su carta real el 31 de diciembre de 1600, de manos de Isabel I, con el monopolio exclusivo del comercio al este del cabo de Buena Esperanza. Sociedad por acciones de capital primero temporal, luego permanente, se fusiona en 1709 con su rival bajo un nombre que merece leerse —The United Company of Merchants of England trading to the East Indies, la Compañía unida de los mercaderes de Inglaterra que comercian en las Indias Orientales—. Una compañía de mercaderes, unida, con monopolio, dotada de ejércitos, de flotas y de territorios: he aquí el organismo cuyas necesidades van a modelar, pieza a pieza, lo que se llamará el «derecho» inglés.

La confusión de la Compañía y del Estado no necesita deducirse: los contemporáneos mismos temían que los servidores enriquecidos de la Compañía y sus agentes «corrompiesen el Parlamento formando en él un interés indio invencible». La Compañía no solo pesa sobre la asamblea de los propietarios: se sienta en ella. La asamblea de los propietarios de tierras nacida en Runnymede en 1215 —de la que el estudio anterior recordó que es el acta de nacimiento del régimen parlamentario— acoge en adelante, en su seno, a la asamblea de los propietarios de acciones. El Parlamento y la Compañía son dos cámaras del mismo interés.

VIII. El cártel de los mercaderes unidos: de la Compañía de las Indias a la Unión Europea

La fórmula que cierra la descripción de la Compañía —una compañía de mercaderes, unida— no describe solamente el organismo de 1709. Describe, a tres siglos de distancia, la manera en que la Europa contemporánea se constituyó. La proposición merece establecerse con el mismo rigor que las anteriores, pues prolonga la genealogía hasta nosotros.

La Unión Europea no nació ni de un pueblo ni de un principio: nació de un pool industrial. La declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, concebida y conducida por Jean Monnet —comisario general del Plan, luego primer presidente del órgano dirigente—, propone «poner en común» el carbón y el acero de Francia y de Alemania. El tratado de París, firmado el 18 de abril de 1951 y en vigor el 23 de julio de 1952, instituye entre seis Estados la Comunidad Europea del Carbón y del Acero: un mercado común, sin derechos de aduana, para las dos materias de las que están hechos la industria pesada y el armamento.

Ahora bien, esas dos materias eran precisamente las que habían organizado, entre las dos guerras, entendimientos de productores —en primer lugar el Entendimiento internacional del acero de 1926, que repartía las cuotas de producción entre las mismas cuencas renanas y lorenesas—. La continuidad es de estructura: la CECA retoma el dominio de los antiguos cárteles del acero y del carbón, y lo eleva. Allí donde el cártel no era más que un entendimiento privado entre productores, la Comunidad le confiere una autoridad pública supranacional. El cártel no se disuelve; se corona.

El nombre de ese órgano dirigente debe leerse como se ha leído «United Company»: la Alta Autoridad. Nueve miembros no electos, presididos por Monnet, dotados del poder de decisión sobre el carbón y el acero de seis naciones —es decir, sustrayendo esas industrias a la soberanía de los Estados y a la mirada de los pueblos—. La Compañía de las Indias tenía su gobernador y su corte de directores; la Comunidad tiene su Alta Autoridad y su presidente. Ni la una ni la otra responde ante un electorado. Y la filiación es directa: la Alta Autoridad de 1952 se convirtió en la Comisión Europea, órgano no electo donde reside el poder real de iniciativa, mientras que el personal electo —nacional, luego europeo— ocupa la escena visible.

Se reconoce entonces, llevada a la escala de un continente, la estructura descrita en todo este estudio. Un cártel de mercaderes —aquí de productores— unido más allá de las fronteras, gobernado por una autoridad que ningún pueblo ha elegido y que ningún pueblo puede deshacer, y recubierto de un nombre que disimula su naturaleza: ya no «compañía», sino «comunidad». El procedimiento es el que el estudio anterior denominaba el vol de nom (robo de nombre): se llama «comunidad» a lo que es un entendimiento de productores, como se había llamado «separación de poderes» a su fusión. El dispositivo, en cambio, no varía: los decisores reales —los intereses industriales y financieros organizados— se mantienen detrás de la pantalla de una autoridad anónima, mientras que los gobiernos electos desempeñan, en el proscenio, el papel de los títeres.

Una compañía de mercaderes, unida: la fórmula vale para la Compañía británica de 1709 como para la Europa de 1952. Tres siglos separan a ambas; la forma es idéntica. El anonimato de los capitales, nacido en Ámsterdam, consumado en Londres, encontró en la construcción europea su figura acabada —la de un mercado sustraído a las naciones y gobernado por una autoridad sin nombre—.

IX. Las etapas de un corpus sedimentario

Se pueden entonces reconstituir las etapas por las que se constituyó el corpus del pseudo-«derecho» anglosajón. Cada una responde a una necesidad determinada de la Compañía, y solo a ella. Ninguna se deduce de un principio. El corpus no tiene arquitectura: tiene una historia —la de las soluciones aportadas, una tras otra, a las necesidades sucesivas del monopolio—.

La carta de monopolio (1600, 1602). El soberano vende una exclusiva: el derecho se convierte en un privilegio mercantil, un favor monetizable. Primera etapa: la regla es un bien que se compra.

La acción anónima y la responsabilidad limitada (VOC 1602, luego derecho inglés de las compañías). La Compañía necesita que sus amos sean invisibles y estén a resguardo: el derecho fabrica la sociedad sin nombre. Segunda etapa: la regla borra al propietario.

La deuda pública como renta privada (Banco de Inglaterra, 1694). La finanza necesita que el ingreso del Estado se convierta en crédito perpetuo: el derecho instituye el banco central privado. Tercera etapa: la regla privatiza lo regio.

La soberanía parlamentaria sin Constitución escrita. La Compañía necesita una asamblea de propietarios por encima de la cual no haya nada —ninguna norma, ningún juez, ningún principio—: el derecho rechaza la Constitución. Cuarta etapa: la regla libera a la asamblea del pueblo.

La teoría del derecho como mandato (Bentham; Austin, 1832: la ley es la orden del soberano acompañada de una sanción). La Compañía necesita que la ley sea lo que la voluntad que la establece decida, y por tanto infinitamente plástica: el derecho se define a sí mismo como fuerza. Quinta etapa: la regla ya no es la cosa justa, sino la orden que constriñe.

Estas cinco etapas no obedecen a ninguna lógica común, sino a la de la necesidad. Por eso hay que negar a este conjunto el nombre de DERECHO. El derecho —en el sentido continental— es una arquitectura que se deduce; este corpus es un depósito que se acumula. La propia common law, procediendo caso por caso, especie por especie, sin principio primero del que se extraigan las soluciones, es la forma jurisprudencial exacta de la société anonyme: avanza por necesidades particulares resueltas sobre la marcha, jamás por deducción. El pseudo-derecho anglosajón es a la ciencia jurídica lo que la acción anónima es a la propiedad: una potencia sin principio y sin nombre.

CUARTA PARTE — EL PARLAMENTARISMO COMO TÉCNICA DE ANONIMIZACIÓN: EL GOBIERNO DE LOS TÍTERES

X. La transposición política de la pantalla

Alcanzamos aquí la proposición central, la que enlaza el artículo económico con el artículo constitucional. La técnica de anonimización inventada para el capital fue transpuesta a la política. Lo que la acción hace en la société anonyme, el partido lo hace en el régimen parlamentario: interpone un decisor aparente entre el poder y su verdadero amo.

En la société anonyme, el dirigente visible —el administrador— enmascara al accionista invisible. En el parlamentarismo, el hombre de partido visible —el ministro, el diputado, el jefe electo— enmascara al poseedor de capital invisible. El estudio anterior mostró que el partido es una invención británica, órgano de la ideología, y que concentra de hecho los tres poderes en manos de las mismas personas. Hay que decir ahora su función última: el partido es el mecanismo que fabrica y hace funcionar a los títeres. Selecciona figuras intercambiables, las inviste, las disciplina, las revoca. La elección hace desfilar al personal visible; los decisores reales —el capital anónimo y móvil— no aparecen en ninguna papeleta y no responden ante nadie. El elector escoge entre marionetas; los hilos se mantienen fuera de la escena.

XI. La simetría, término a término

La correspondencia entre la forma económica y la forma política no es una analogía laxa: es término a término, y eso es lo que la hace probatoria.

Al anonimato del accionista responde el anonimato del amo real. Nadie puede nombrar a quien decide, ni en la empresa ni en el Estado.

A la responsabilidad limitada del accionista responde la irresponsabilidad del decisor real. El ministro o el partido «cae» —como el administrador es revocado—, pero el principal queda indemne, su patrimonio y su persona fuera de alcance. Se sacrifica al títere; nunca se toca al titiritero.

A la cesibilidad de la acción responde la intercambiabilidad del personal político. Un título vale por otro; un ministro vale por otro. La alternancia de los partidos es la circulación de los títulos aplicada a los hombres: cambia a los portadores, jamás la propiedad.

A la subordinación del dirigente a la junta general responde la subordinación del electo al partido. El diputado debe su escaño no al pueblo sino al aparato que lo ha investido —del mismo modo que el administrador debe su puesto no al público sino a los accionistas—. En ambos casos, quien parece servir a la multitud solo responde ante el capital que lo ha colocado.

A la ausencia de norma superior a la asamblea responde la ausencia de principio superior a la voluntad que establece la ley. El velo de la persona jurídica, que pone al accionista a cubierto de la deuda, y la soberanía parlamentaria sin Constitución, que pone a la asamblea a cubierto del pueblo, son una sola y misma pantalla, alzada una vez en el orden económico y una vez en el orden político.

La «separación de poderes» —de la que el estudio anterior mostró que es una ficción retórica que recubre la fusión real— encuentra aquí su sentido último. Es el velo corporativo aplicado al Estado: una apariencia de órganos distintos y responsables, tendida ante la concentración real del poder entre manos que no aparecen. La democracia parlamentaria es la forma societaria aplicada a la Nación: el ciudadano es en ella un accionista-espectador provisto de una ficha de voto, el consejo de administración permanece invisible, y la junta general de los propietarios delibera bajo el nombre de sufragio universal.

QUINTA PARTE — LA COMPARACIÓN CRUEL: EL DERECHO CONTRA EL PSEUDO-DERECHO

XII. Dos maneras opuestas de producir la regla

Hay que nombrar ahora la oposición en todo su rigor, pues es de naturaleza y no de grado. El DERECHO continental y el pseudo-«derecho» anglosajón no son dos variantes de una misma cosa: son dos maneras inversas de producir la regla.

El DERECHO continental —el de la tradición romana y tomista que Michel Villey restituyó— es una arquitectura. Parte de principios: la cosa justa (ius) como parte objetiva que corresponde a cada uno en un orden que el jurista descubre y no crea; la persona nombrada y responsable; el soberano no propietario sino depositario de su potencia, obligado a un fin —el bien común— que no ha establecido y no puede redefinir. De esos principios, las reglas se deducen. El edificio es lógico: cada consecuencia se sostiene en su premisa, y no se puede retener la premisa rechazando la consecuencia. Por eso este DERECHO es constrictivo para todo espíritu honesto: quienquiera que admita sus principios queda ligado por lo que de ellos se deduce, lo quiera o no. La lógica no se corrompe; obliga.

El pseudo-derecho anglosajón es lo exactamente inverso: no una arquitectura, sino un sedimento. No parte de ningún principio; parte de necesidades. No deduce; añade. Cada regla responde en él a una necesidad de la Compañía, caso por caso, sin que nada enlace las soluciones entre sí sino el interés que las convocó. Semejante corpus no constriñe a nadie —y menos aún a quien tiene los hilos, puesto que se redefine a medida de sus necesidades—. El nominalismo, la fluctuación del lenguaje, el positivismo que reduce la ley a la voluntad que la establece: todo eso, descrito en el estudio anterior como la filosofía importada, se reencuentra aquí en su fuente económica. El derecho-mandato de Austin es la doctrina cuya práctica es la société anonyme. El uno y la otra dicen lo mismo: la regla no es la cosa justa, es la potencia de quien la establece, permanecida anónima y sin fin.

XIII. Lo que la comparación tiene de cruel

La crueldad de la comparación no reside en el tono, sino en la asimetría que revela. El DERECHO continental nombra: ata cada poder a una persona y cada persona a una responsabilidad. El pseudo-derecho anglosajón borra: disuelve la persona en el título, la responsabilidad en la limitación, al decisor en el títere. El primero subordina el poder a un fin que lo sobrepasa; el segundo libera la voluntad de todo fin. El primero es una arquitectura que la lógica torna constrictiva para el hombre honesto; el segundo es una máquina que el anonimato torna inalcanzable para cualquiera.

He aquí por qué el parlamentarismo y la société anonyme son una sola invención vista dos veces —la faz política y la faz económica de la anonimización del poder—. La una sustrae al amo de la riqueza de la mirada del acreedor y del príncipe; la otra sustrae al amo de la ciudad de la mirada del elector y del pueblo. Juntas, realizan el viejo dispositivo de Runnymede llevado a su perfección: allí donde una Constitución protege al pueblo contra la asamblea, la ausencia de Constitución protege a la asamblea contra el pueblo; y allí donde el DERECHO protege al cuerpo social contra los intereses particulares, el anonimato de los capitales protege a los intereses particulares contra el cuerpo social.

La conclusión enlaza entonces con el remedio esbozado en el estudio anterior, y le da su fundamento económico. Restaurar el DERECHO no es enmendar el mecanismo: es devolver el nombre y la responsabilidad. Es hacer reaparecer al decisor real detrás del títere, y al título detrás del anonimato; es reatar cada poder a una persona que responda de él, y subordinar de nuevo la potencia —económica como política— a un fin que la sobrepasa, el bien común.

CONCLUSIÓN — EL CAMBIO DE PARADIGMA: DEL PROYECTO RÉVOLUDROIT A LA RENOVACIÓN CIVILIZATORIA

Es preciso, para terminar, abarcar de una sola mirada lo que las páginas precedentes han descrito pieza a pieza. No es una serie de instituciones dispares, sino una infraestructura coherente, cuyas partes proceden todas de un principio único —el anonimato, es decir, el borrado del nombre y de la responsabilidad—. La société anonyme borra al propietario; el banco central borra al amo de la moneda; el partido borra al decisor detrás del títere; el positivismo borra lo justo detrás de la voluntad que establece; la common law borra el principio detrás de la acumulación de casos; la «comunidad» de productores borra el cártel detrás de un nombre prestado. Una sola técnica, declinada en el orden económico, monetario, político, jurídico y continental: tornar el poder inasible privándolo de nombre. Es esta infraestructura —y no tal o cual de sus engranajes— la que constituye el callejón sin salida civilizatorio en el que el estudio anterior nos veía extraviados.

Ahora bien, no existe salida técnica a un callejón sin salida de esta naturaleza, y la razón es ahora clara: ninguna reforma interior al sistema puede deshacerlo, puesto que toda reforma toma prestadas las categorías mismas —el derecho subjetivo, la representación partidista, la norma establecida sin fin— que constituyen su resorte. Lo que una infraestructura fundada en un principio exige es otro principio: no un arreglo, sino un cambio de paradigma. Tal es el objeto del proyecto Révoludroit. No propone perfeccionar la máquina; propone invertir su principio, sustituyendo el anonimato por el nombre, y la voluntad sin fin por la subordinación al bien común.

La inversión es término a término, y pone en jaque a la infraestructura allí mismo donde se creía inexpugnable. Allí donde el anonimato de los capitales sustrae al amo de la mirada, el paradigma Révoludroit restablece a la persona nombrada y responsable, en el orden económico como en el orden político. Allí donde el partido fabrica títeres intercambiables, restaura los cuerpos intermedios reales —los Groupements d’Intérêts (agrupaciones de intereses) constituidos por tipo de actividad humana, autoorganizándose, portadores de deberes antes que de derechos, vinculados al bien común por la obra que realizan— contra las categorías pasivas que el poder divide y manipula. Allí donde el sistema fija una relación de fuerzas en beneficio del más fuerte y llama «equilibrio» a ese desequilibrio estabilizado, devuelve al equilibrio su sentido verdadero: no un orden decretado desde arriba, sino el resultado vivo del máximo de microdesequilibrios garantizados en el seno del cuerpo social —esa densidad de contrapoderes reales que Tocqueville tenía por la única barrera contra la tiranía—. Allí, en fin, donde el positivismo reduce el derecho a la fuerza que lo establece, devuelve al DERECHO su objeto: la cosa justa, y el bien común como objeto de conocimiento anterior a las voluntades.

Aún es preciso precisar en qué se distingue esta renovación de una restauración. El DERECHO continental que el proyecto Révoludroit repone en el principio no es un derecho de antaño que se resucitaría idéntico: es un DERECHO bien entendido, es decir, fiel a sus principios y adaptado a las necesidades de nuestra época. La distinción es decisiva, pues separa dos maneras de «adaptar a la necesidad» que todo opone. El pseudo-derecho anglosajón se moldea sobre las necesidades de la Compañía: parte de la necesidad particular y no deduce de ella nada, salvo el privilegio. El DERECHO continental bien entendido, en cambio, parte del principio —la persona, la responsabilidad, el fin común— y lo deduce hasta las condiciones presentes: no ajusta sus principios a las necesidades, ordena las necesidades de la época a sus principios. Adaptar el DERECHO a las necesidades de nuestro tiempo no significa, pues, disolverlo en los intereses del momento; significa aplicar una arquitectura intacta a un mundo nuevo —los Groupements d’Intérêts a las actividades de hoy, la subordinación de la potencia al bien común a las tecnologías, a las escalas y a los peligros de hoy—. La arquitectura es antigua; el edificio que permite construir es de nuestro siglo.

Es en este sentido preciso que el cambio de paradigma es una renovación civilizatoria, y no una nostalgia. La infraestructura del anonimato ha llevado a una civilización milenaria a tener por bien propio lo que la ha desposeído, y a hablar una lengua que le prohíbe nombrar lo que le sucede. Al devolver el nombre a las cosas, la responsabilidad a las personas y el fin al poder, el proyecto Révoludroit no restaura un pasado: reabre el porvenir. Pone en jaque la mecánica de los títeres no mediante una revuelta, sino mediante un retorno al principio —el que torna el poder de nuevo visible, sujeto a responsabilidad y ordenado al bien común—. Ahí está la única renovación que vale: aquella por la cual una civilización, dejando de servir al interés anónimo que la había capturado, se pone de nuevo al servicio de lo que es. Volver a encender la luz sobre la escena y nombrar a quienes tienen los hilos no era más que el primer gesto; el segundo es devolver al cuerpo social los órganos por los que se gobierna a sí mismo. El primero pertenece a la lucidez; el segundo, al DERECHO.